La Corte Constitucional de Colombia acaba de tomar una de esas decisiones que parecen técnicas, pero son profundamente políticas. Prohibió que las operadoras móviles sigan ofreciendo acceso gratuito exclusivo a ciertas aplicaciones —como WhatsApp, Facebook o Instagram— a través de sus planes de datos. En otras palabras, le puso fin al modelo conocido como Zero Rating y cerró la puerta a iniciativas como Free Basics, el programa de Meta que disfrazaba de inclusión lo que no era más que control comercial.
Y aunque algunos lloren porque “les quitaron el internet gratis”, lo que en realidad nos han devuelto es el derecho a navegar sin intermediarios que decidan por nosotros qué parte del mundo digital podemos ver y cuál no.
El Zero Rating, en términos sencillos, es cuando las operadoras no te descuentan datos por usar ciertas aplicaciones. Parece un beneficio, pero es una trampa. Porque privilegia a un puñado de plataformas y margina al resto del ecosistema digital. En Colombia, este modelo venía funcionando desde 2011 con total naturalidad, gracias a acuerdos entre empresas como Meta y operadores móviles como Tigo o Claro, que convertían el acceso a internet en una vitrina reducida: salud, educación, clima… y, claro, Facebook y compañía. Todo lo demás, si lo quieres, lo pagas.
Free Basics, ese caballito de batalla de Meta, se vendía como una puerta de entrada a internet para los pobres. Pero lo que ofrecía era apenas un corredor angosto, un jardín amurallado donde el contenido está seleccionado, empaquetado y monitoreado por una sola empresa. El tráfico pasa por servidores de Facebook, que pueden desencriptar datos, decidir qué páginas se muestran y cuáles no. No es internet. Es un canal corporativo camuflado de servicio público.
La Corte fue clara: esta práctica viola la neutralidad de la red. Ese principio que garantiza que todos los datos sean tratados por igual, sin importar de dónde vienen o a qué aplicación pertenecen. Es una regla esencial para la libertad de expresión, la innovación y el acceso equitativo a la información. Y al romperla, al crear una internet por niveles —una para quienes pueden pagar y otra para quienes solo pueden usar WhatsApp— se configura una exclusión digital disfrazada de oportunidad.
Los defensores del Zero Rating dicen que es mejor tener algo que no tener nada. Pero eso es como justificar el agua contaminada porque es “mejor que morirse de sed”. ¿Queremos una ciudadanía digital alimentada solo con contenido de Facebook? ¿O preferimos ciudadanos con acceso completo al conocimiento y a la diversidad informativa que representa internet?
Esto no es una locura aislada de Colombia. En India, el regulador prohibió Free Basics en 2016. En Chile, el Zero Rating se frenó desde 2010 con una ley que consagra la neutralidad de la red. Canadá, Noruega, Bolivia, El Salvador, Egipto… la lista de países que han cerrado la puerta a este tipo de prácticas crece. ¿Por qué? Porque se entendió que el acceso segmentado no es inclusión, es control. Porque cuando una corporación decide qué contenido ves, lo que tienes no es un derecho, es un favor.
Y sí, las críticas a la Corte vendrán. Las empresas dirán que se atenta contra la innovación. Algunos usuarios pensarán que se les quitó algo. Pero lo que en realidad se está defendiendo es la libertad digital. Porque la neutralidad de la red no es un capricho técnico: es la garantía de que ningún actor, por más poderoso que sea, puede manipular la experiencia de internet a su antojo.
Lo que sigue ahora es más desafiante. No basta con prohibir. El Estado debe asumir su rol. Hay que construir una política pública de conectividad libre, incluyente y sin condicionamientos. No podemos dejarle el acceso a internet a acuerdos entre privados. Hay que invertir en redes comunitarias, bibliotecas digitales, zonas wifi públicas, subsidios inteligentes o incluso horarios gratuitos con acceso completo. El Estado colombiano no puede seguir delegando la conexión de los más pobres a Meta. Porque eso es, literalmente, regalarle el alma digital del país a una multinacional.
Esta sentencia, la C-206 de 2025, no solo anula una norma. Sienta un precedente. Declara que el acceso a internet no puede depender de quién te lo paga, sino de tu derecho como ciudadano. Y nos lanza una pregunta poderosa: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Una donde los pobres tengan una versión reducida de la realidad digital, o una donde todos tengan derecho al mismo universo de información, oportunidades y libertad.
La decisión de la Corte no es un “no” al acceso. Es un “sí” rotundo a la igualdad. Es un acto de justicia tecnológica. Porque un internet justo vale más que uno “gratis”. Porque la verdadera inclusión no se da con muros corporativos, sino con puentes públicos. Porque el futuro no se puede construir con aplicaciones patrocinadas.
